Caso Convenios y agresivo lobby de ONG’s motivan más regulación y transparencia de intereses

Fundaciones dedicadas al saneamiento de títulos de dominio, a apoyar emprendimientos de mujeres y asistencia a familias en zonas aisladas: todas ellas están siendo investigadas en el marco del caso Convenios, específicamente en las regiones de Los Lagos y Aysén. Esto, por posibles conflictos de interés en la adjudicación de dineros públicos a fundaciones y ONGs. 

En un esfuerzo por promover la transparencia y la integridad en las relaciones entre entidades privadas y públicas, el diputado Miguel Ángel Calisto (DC) ha presentado un proyecto de ley que busca regular y hacer transparente la financiación y el lobby de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en Chile. El objetivo principal de este proyecto de ley es promover la transparencia, la publicidad y la integridad en las relaciones entre entidades privadas y públicas, para evitar escándalos como los conocidos recientemente en el caso Convenios.

Actualmente, existen más de 42,000 ONG registradas en el Ministerio de Justicia, que van desde organizaciones multinacionales con poder económico y político significativo hasta organizaciones locales financiadas por entidades públicas.

Intereses en el sur de Chile

Recientemente, un reportaje de El Líbero identificó distintos proyectos de alto impacto territorial, en el que se involucraron fundaciones, ONGs e incluso organismos internacionales. Este incluye las operaciones de la ONG Océana para impedir el proyecto minero Dominga, y una intensa campaña de lobby en contra de la industria de la salmonicultura en Chile. Solo en 2022 participaron en más de 20 audiencias de lobby ante autoridades de gobierno y parlamentarios.

Greenpeace ha desembolsado millonarios recursos -que no han sido transparentados- para crear el documental “Por Aquí No” con los actores Benjamín Vicuña y Carolina Arregui, en contra de la industria del salmón. 

Otra fundación que estaría en la mira en caso de existir un sistema regulatorio más firme es la organización Ayuda Popular Noruega (Norwegian People’s Aid, en inglés), financiada por el Estado noruego. Esta ONG apoyó y financió iniciativas de la organización Identidad Territorial Lafkenche, una organización indígena que agrupa a comunidades del territorio costero del sur de Chile, y que estaría detrás de las solicitudes de Espacio Costero Marítimo para la preservación de los usos y costumbres indígenas. Este trámite lo establece la Ley Lafkenche y en los hechos paraliza cualquier otra solicitud o inversión que se quiera realizar en el borde costero requerido por las comunidades, entre ellos, la salmonicultura. Cabe recordar que Noruega es el mayor productor de salmones a nivel mundial, superando a Chile, y que su meta es quintuplicar su producción el 2050.

El proyecto del diputado Calisto propone la creación de un registro de ingresos y mecanismos de financiación, donde las ONG deberán registrar anualmente información sobre los montos, origen de los fondos e identificación de los contribuyentes.