Proponen proyecto de ley para prohibir la maternidad subrogada en Chile con sanciones para intermediarios y profesionales involucrados

Una bancada transversal de diputados presentó el martes un proyecto de ley que busca prohibir en Chile cualquier forma de utilización de la mujer como vientre de alquiler.

Según la moción, impulsada por los parlamentarios Juan Irarrázaval (Partido Republicano), Héctor Barría (DC), Ana María Bravo (PS), Felipe Donoso (UDI), Helia Molina (PPD), Francesca Muñoz (PSC), Ximena Ossandón (RN), Jorge Saffirio (Demócratas), junto con las diputadas Francisca Bello y Consuelo Veloso (ambas del FA), el objetivo es "proteger a las familias y, en particular, a las mujeres, niños y niñas".

La propuesta establece la prohibición de cualquier práctica que implique que una mujer gestante dé a luz a uno o varios niños con el propósito de entregarlos a un tercero, independientemente del nombre que se le dé al acuerdo o la convención que lo origine, y sin importar si hay o no remuneración involucrada. El proyecto argumenta que estas prácticas son contrarias a la dignidad y los derechos de las personas que componen la familia y contribuyen a la mercantilización de las mujeres y los menores.

La iniciativa también propone una modificación al Código Civil, que sancionaría con nulidad cualquier contrato que establezca la gestación a cargo de una mujer que renuncie a la filiación materna en favor de otra persona, ya sea el contratante o un tercero ajeno al acuerdo.

Según explicó el diputado autor del proyecto de ley, Juan Irarrázaval, “es muy confortante hoy, con una bancada transversal, presentar un proyecto para defender la dignidad de las personas, en particular de las mujeres, prohibiendo la práctica de la maternidad subrogada. Confortante, porque saber que a pesar de nuestras diferencias, tenemos un objetivo común como es impedir la mercantilización de la persona en pro de su dignidad. La maternidad subrogada, también llamada vientres de alquiler, ha desarrollado una inescrupulosa industria que mueve millones de dólares a nivel mundial y Chile, que fue el segundo país en la historia en abolir la esclavitud, con la integridad de este proyecto, se pone nuevamente como referente ante el mundo para combatir la trata de personas”.

Irarrázaval agregó que “pretendemos prohibir todo tipo de maternidad subrogada ya que la experiencia internacional dice que las llamadas subrogaciones no comerciales se prestan para camuflar esta práctica comercial de manera ilegal dejando aún en peor indefensión en particular a las mujeres más vulnerables, a quienes se trata como capital, como fábrica, abusando de su entre comillas "solidaridad" sin afectar de hecho a la industria clínica y jurídica, por ejemplo, que siempre lucra con ella. Y todo eso sin contar los niños, a quienes, pasando a llevar su interés superior, son víctimas de una orfandad planificada, como dice la activista, Olivia Maurel, que lidera esta lucha a nivel internacional”.

El proyecto de ley también sugiere incluir en el Código Penal diversas sanciones relacionadas con la maternidad subrogada. Se propone castigar a quienes intermedien entre personas o parejas que deseen acoger a un niño y mujeres dispuestas a gestarlo para entregarlo a los primeros. Además, se pretende sancionar a aquellos que realicen, organicen o publiquen la comercialización de gametos, embriones o la propia maternidad subrogada.

El texto también plantea sancionar al profesional de la salud que participe en cualquier etapa de la gestación asistida con el fin de facilitar la maternidad subrogada, así como a quienes organicen, intermedien o publiciten a la mujer como vientre de alquiler. Asimismo, se busca castigar a quienes faciliten, trasladen o acogen personas para ser objeto de explotación sexual, incluyendo la maternidad subrogada y la venta de niños, lo que contempla incluso la persecución internacional.

El proyecto propone además modificar ciertas normas sanitarias y de adopción, con el objetivo de implementar medidas preventivas contra la gestación subrogada.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Declaración de Casablanca, firmada en 2023 por más de cien líderes mundiales en favor de la abolición de esta práctica.